Freeland, colaboradora habitual en prensa de ámbito estatal
El llamado “gobierno progresista” se ha convertido, con el paso del tiempo, en un concepto cada vez más difícil de sostener con hechos concretos. Lo que en su día se presentó como un bloque sólido de transformación social y estabilidad parlamentaria, hoy se percibe más bien como una suma frágil de equilibrios, cesiones constantes y apoyos condicionados que cambian al ritmo de cada votación en el Congreso.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta una legislatura marcada por una realidad incómoda: la aritmética parlamentaria ya no es solo ajustada, sino profundamente inestable. Cada iniciativa legislativa requiere una negociación casi quirúrgica, donde el margen ideológico se diluye en favor de acuerdos puntuales que, en muchos casos, poco tienen que ver con un proyecto común de país.
El problema de fondo no es únicamente de números, sino de coherencia política. La idea de un bloque progresista homogéneo se ha ido erosionando con el tiempo. La realidad es que buena parte de los apoyos parlamentarios del Gobierno responden a intereses territoriales, estratégicos o coyunturales, más que a una visión compartida de transformación social.
En ese contexto, formaciones como el Partido Nacionalista Vasco o Junts per Catalunya han demostrado reiteradamente que su prioridad no es encajar en un eje ideológico tradicional de izquierda o derecha, sino defender agendas propias, marcadas por la negociación permanente y la búsqueda de ventajas para sus respectivos marcos territoriales. Reducir su papel a una etiqueta ideológica simplista es, cuanto menos, una lectura incompleta de su comportamiento parlamentario.
Esto ha alimentado una percepción cada vez más extendida: la de un Gobierno que sobrevive más por la necesidad de sus apoyos que por la fortaleza de su proyecto político. Un Ejecutivo que gobierna, sí, pero que lo hace condicionado de forma constante por una mayoría heterogénea, inestable y difícil de cohesionar.
No se trata de negar la legitimidad democrática del Gobierno, ni de ignorar la complejidad de la política parlamentaria. Se trata de constatar que la narrativa de un bloque progresista sólido no se sostiene con la misma claridad con la que se defendía en sus inicios. La realidad del día a día legislativo apunta más bien a una suma de intereses diversos que coinciden temporalmente en votaciones concretas, pero que no siempre comparten una visión común de país.
El resultado es un escenario político en el que la estabilidad se ha convertido en un ejercicio de equilibrio constante. Y en política, la estabilidad no es solo un valor: es una condición necesaria para poder gobernar con ambición y con dirección clara.
Hoy, la pregunta no es únicamente si el Gobierno tiene apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. La pregunta es si esos apoyos responden a un proyecto coherente o a una necesidad aritmética que se renueva voto a voto, ley a ley.
Y en esa diferencia, aparentemente sutil, se juega buena parte de la credibilidad del llamado bloque progresista.
